La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó el miércoles una nueva ley que establece como delito estatal la presencia en el estado de personas a las que se les ha negado la entrada o han sido expulsadas de Estados Unidos.
La ley, que entrará en vigencia el 1 de julio, ha generado preocupación en las comunidades de inmigrantes de Iowa y ha planteado interrogantes sobre su implementación entre expertos legales y autoridades policiales. Este estatuto guarda similitudes con una ley en Texas que actualmente está siendo debatida en los tribunales.
En Iowa y en todo el país, líderes republicanos han culpado al presidente Joe Biden por no hacer cumplir la ley federal de inmigración, y en respuesta, algunos gobernadores republicanos han enviado tropas a Texas y las legislaturas estatales han propuesto diversas estrategias.
"El gobierno de Biden ha fallado en hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, poniendo en peligro la protección y seguridad de los habitantes de Iowa", afirmó Reynolds tras aprobar la ley. "Esta legislación otorga a la policía de Iowa la autoridad para hacer lo que él no está dispuesto a hacer: aplicar las leyes de inmigración existentes".
Después de que la legislatura estatal aprobara el proyecto de ley, el jefe de policía de Des Moines, Dana Wingert, comunicó por correo electrónico en marzo a The Associated Press que el estatus migratorio de una persona no afecta el trabajo del departamento para mantener segura a la comunidad. Indicó que la fuerza policial "no cuenta con los recursos ni el personal necesarios" para asumir responsabilidades que competen al gobierno federal.
Shawn Ireland, presidente de la Asociación de Alguaciles y Policías del Estado de Iowa y alguacil adjunto del condado Linn, también expresó en un correo electrónico en marzo que los agentes policiales deberán consultar con los abogados del condado para orientación sobre la implementación y aplicación de la ley.
La ley de Iowa, al igual que la de Texas, podría resultar en cargos penales para personas con órdenes de deportación pendientes o historial de expulsión o negación de entrada a Estados Unidos. Tras el arresto, los migrantes podrían optar por aceptar la orden de salida del país o enfrentar procesos judiciales.
El proyecto de ley de Iowa enfrenta desafíos similares a los de Texas en cuanto a su implementación, dado que el proceso de deportación es federal y "complicado, costoso y frecuentemente peligroso", según Huyen Pham, experta en leyes de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad A&M de Texas.
Mientras tanto, grupos comunitarios de inmigrantes en Iowa están organizando reuniones y proporcionando información para abordar las preguntas de las personas. Solicitan declaraciones oficiales de las autoridades policiales locales y condados, además de reuniones cara a cara.
En una reunión comunitaria en Des Moines, 80 personas se congregaron para hacer preguntas en español, como si deberían irse del estado, si es seguro contactar a la policía, si la policía puede preguntar sobre su estatus migratorio y qué hacer si son discriminados por su raza.
Fuente: Los Ángeles Times
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