La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra actualmente sin un marco normativo que permita investigar y sancionar a ministros en retiro, como es el caso de Arturo Zaldívar. Ante esta situación, el proyecto que está elaborando el ministro Juan Luis González Alcántara propondrá al pleno la aprobación de mecanismos que posibiliten la imposición de sanciones administrativas a los jueces que alguna vez formaron parte del máximo tribunal del país.
Funcionarios de la alta corte revelaron que este proyecto para establecer una ruta de sanciones a ministros, sin recurrir a un juicio político, fue solicitado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esto supondría un precedente significativo en el ámbito constitucional, dado que los ministros en activo solo pueden ser separados de sus cargos a través de un juicio político.
En caso de que el proyecto sea aprobado por mayoría, se establecerá un marco legal que no exceda los límites constitucionales, evitando así la aplicación de juicios políticos a ministros en ejercicio. Esta medida podría ser interpretada como un medio para ejercer presión sobre aquellos que no estén alineados con las corrientes mayoritarias de la SCJN.
Los integrantes de la Corte consultados indicaron que González Alcántara deberá presentar el documento al pleno para su aprobación por mayoría, definiendo los términos para iniciar una indagatoria que podría llevar a sanciones administrativas. El órgano encargado de investigar estas faltas no cuenta actualmente con facultades específicas para abordar a los ministros.
Además, se mencionó que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, establecida en el artículo 36 del Reglamento Interior en Materia de Administración de la Corte, tiene como función principal coordinar, revisar y proponer los proyectos normativos necesarios para que la contraloría cumpla con sus atribuciones y obligaciones.
Respecto a la denuncia anónima recibida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que desencadenó la investigación ordenada por Piña Hernández contra Zaldívar, se considera un caso excepcional debido a que este último ya no es ministro en activo.
En este contexto, se explicó que la dirección de responsabilidades administrativas solo está facultada para elaborar normas y lineamientos que regulen el procedimiento de recepción, registro, control y análisis de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos ante la Suprema Corte, según lo dispuesto en las normativas vigentes.
Dado que Zaldívar ya no está obligado a declarar su patrimonio al no ser ministro en activo, no está dentro del alcance de la dirección de responsabilidades administrativas proponer lineamientos para investigaciones sobre posibles incumplimientos por parte de los servidores públicos de la Corte, ni para recibir quejas o denuncias contra dichos servidores en materia de responsabilidad administrativa.
Fuente: La Jornada
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