La Corte de Constitucionalidad de Guatemala se ha negado a emitir una respuesta a la consulta realizada por el presidente Bernardo Arévalo el pasado lunes. La pregunta buscaba obtener la aprobación para destituir a la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos.
Arévalo, sin poder directo para remover a Porras, había solicitado el 8 de abril a la Corte de Constitucionalidad determinar si ella cumplía con el requisito de "honorabilidad" para permanecer en su cargo, tras acusaciones de socavar la democracia y falta de compromiso en la lucha contra la corrupción.
La Corte, en su resolución publicada este lunes, se abstuvo de dar una opinión, argumentando que las preguntas presentaban "falencias" y que no era viable atender la solicitud del presidente.
Porras ha sido objeto de sanciones tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, quienes la consideran "corrupta" y "antidemocrática". Sus investigaciones polémicas han incluido al partido de Arévalo y las elecciones de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados debido a presuntas irregularidades en el conteo de votos.
Arévalo ha denunciado las acciones de Porras como intentos de "golpe de Estado" para evitar su llegada al poder, debido a su promesa de combatir la corrupción en las élites del país. A pesar de las llamadas públicas del presidente para que renuncie, Porras se ha negado a hacerlo.
En febrero, Arévalo presentó una denuncia contra la fiscal ante la Corte Suprema para retirarle la inmunidad por supuesto incumplimiento de deberes, aunque el tribunal aún no ha emitido un fallo al respecto.
Recientemente, en mayo, el presidente presentó personalmente un proyecto de ley para facilitar la destitución de Porras, ya que actualmente solo puede ser removida por causa justificada como una condena penal. Sin embargo, la iniciativa no ha avanzado en el Congreso.
Fuente: France 24
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