Frente al incremento del 157.14% en muertes de motociclistas en Monterrey durante el último año, legisladores locales hicieron un llamado urgente para abordar la regulación del uso de motocicletas en la capital del estado.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, destacó que las motocicletas no solo representan un medio de transporte, sino también una modalidad económica creciente, por lo que es imprescindible legislar para garantizar la seguridad vial.
“Es necesario implementar normativas que protejan tanto a motociclistas como a automovilistas. Deberíamos exigir que las nuevas motocicletas se adquieran con placas y seguro, especialmente considerando el incremento de empresas que utilizan estos vehículos para la entrega de productos. Hemos observado conductas que incumplen las reglas de tránsito y que ponen en riesgo a todos los usuarios,” afirmó Pámanes.
Emmanuel Acevedo, director de Movilidad de Monterrey, coincidió en que la regulación debe ser más estricta, proponiendo que las agencias de venta de motocicletas incluyan como requisito obligatorio la entrega con placas y seguro vigente.
Por su parte, Javier Caballero, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, subrayó la importancia de la capacitación, la licencia adecuada y el uso obligatorio de equipo de protección para los motociclistas, además de la necesidad de procesos claros de regularización.
“Es urgente legislar porque se ha detectado un aumento en delitos cometidos desde motocicletas, lo que obliga a ajustar la legislación para mejorar la seguridad pública. Las motocicletas son vehículos tanto familiares como laborales, por lo que deben cumplir con normas estrictas que reduzcan accidentes,” expresó.
En contraste, Fernando Barbosa, presidente de la Unión de Motociclistas Organizados, señaló que la actual Ley de Movilidad es excesiva y que el acceso a seguros para motocicletas sigue siendo complicado, lo que genera un reto adicional para los usuarios.
La problemática del crecimiento no regulado del parque vehicular de motocicletas ha puesto en evidencia la necesidad de una reforma legislativa que equilibre la seguridad vial con las necesidades económicas y sociales de los usuarios.
Fuente: Milenio