Gobierno federal endurece su Código de Ética e incorpora reglas para uso de IA
México
El Gobierno de México oficializó este martes una nueva versión del Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno, un marco reforzado que endurece la línea de control interno frente al acoso sexual, el conflicto de interés, el nepotismo, la corrupción y, por primera vez, el uso de inteligencia artificial en la gestión pública.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación la actualización normativa, que reemplaza al documento de 2022 y se amplía a 37 artículos, con definiciones más precisas sobre conductas que vulneran la integridad del servicio público.
El rediseño normativo incorpora un catálogo detallado de 17 conductas consideradas acoso u hostigamiento sexual, entre ellas el envío de mensajes, imágenes o videos con contenido sexual, incluso cuando hayan sido generados o modificados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial. También se sancionan expresiones verbales de connotación sexual, como comentarios, “piropos” o bromas.
El nuevo Código clasifica como falta administrativa grave cualquier actuación bajo conflicto de interés y obliga a los funcionarios a excusarse de participar en decisiones donde exista beneficio personal, familiar o empresarial. La omisión de esta obligación derivará en responsabilidades severas.
La normativa fija además un estándar de conducta íntegra dentro y fuera del espacio laboral, con énfasis en que el comportamiento personal de los servidores públicos debe fortalecer la credibilidad institucional en todo momento.
En materia de recursos humanos, la prohibición del nepotismo queda expresamente asentada, mientras que el personal encargado de procesos de compra pública deberá acreditar capacitación obligatoria para garantizar transparencia y trazabilidad en las adquisiciones gubernamentales.
Finalmente, el Código incorpora lineamientos sobre el uso de inteligencia artificial, que obligan a los servidores públicos a verificar la información generada por estas herramientas y les impiden emplearlas para procesar datos sensibles o de carácter confidencial.
La administración federal presenta así un esquema más robusto para reforzar el compliance interno y blindar la operación gubernamental ante riesgos éticos emergentes.
Fuente: La Jornada