Endurecen penas contra la tala ilegal en México: hasta 20 años de prisión, señala Adrián Naveda

Endurecen penas contra la tala ilegal en México: hasta 20 años de prisión, señala Adrián Naveda 


México


El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Adrián Naveda, informó sobre la aprobación de reformas al Código Penal Federal que incrementan las sanciones contra delitos ambientales, particularmente la tala ilegal.


De acuerdo con el legislador, las nuevas disposiciones establecen penas de 1 a 9 años de prisión para quienes derriben árboles de manera ilegal. En casos donde exista cambio de uso de suelo en terrenos forestales, las sanciones se elevan de 2 a 10 años de cárcel.


La legislación contempla agravantes. Si los responsables cometen el delito portando armas, las penas pueden alcanzar hasta 15 años de prisión. Asimismo, cuando la tala ilegal se realice en Áreas Naturales Protegidas, la sanción máxima será de 20 años de cárcel, lo que clasifica este delito como grave.


El diputado hizo énfasis en la situación del Cofre de Perote, donde —señaló— la tala clandestina ha generado afectaciones significativas al ecosistema local. En ese sentido, subrayó que las nuevas medidas buscan frenar la depredación forestal en la región.


Naveda también envió un mensaje a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales, para que apliquen la ley con mayor rigor. “Las fiscalías ya no tienen pretexto”, afirmó, al recordar que el endurecimiento de penas respondía a solicitudes previas de estas instituciones.


El legislador aclaró que las reformas no criminalizan a comunidades rurales ni ejidales, ya que excluyen de responsabilidad penal a quienes utilizan recursos forestales para fines de subsistencia o prácticas tradicionales, como el uso doméstico de leña.


Finalmente, sostuvo que el objetivo central de la reforma es combatir a las redes de tala ilegal a gran escala, vinculadas a intereses económicos, y exigió a las autoridades reforzar operativos para garantizar el cumplimiento de la ley. 


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