La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, logró que el viernes pasado un juez federal anulara la única orden de aprehensión en su contra relacionada con el caso de la estafa maestra, la cual estaba pendiente de ejecución.
De esta manera, la Fiscalía General de la República (FGR) ya no puede perseguir a la ex funcionaria ni presentar una acusación formal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, que supuestamente involucraban más de 77 millones de pesos.
Según los registros judiciales, esta era la única orden de captura pendiente para la ex jefa de Gobierno de la capital, la cual la FGR nunca cumplió, a pesar de haber obtenido la aprobación de un juez, luego del encarcelamiento de Robles por otras acusaciones.
Fallo sujeto a revisión
La resolución que benefició a la ex funcionaria y la eximió de acusaciones aún puede ser revisada y evaluada por un tribunal, a pesar de tratarse de un amparo. Además, la FGR puede intentar nuevamente la aprehensión, pero debe fundamentar un argumento convincente ante el juez.
El pasado 6 de diciembre, un tribunal federal confirmó la absolución de Robles respecto a presuntas omisiones en desvíos por más de 5 mil millones de pesos en el caso de la estafa maestra.
Los magistrados del primer tribunal colegiado de apelaciones en materia penal de la Ciudad de México determinaron que la acusación de la FGR no constituye un delito, aunque podría ser sancionada administrativamente.
Desde marzo de 2023, la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaron la decisión de un juez de control federal que absolvió a Robles.
Nueve meses después, el tribunal de apelaciones confirmó la resolución dictada el 24 de febrero por el juez de control Roberto Paredes, quien cerró el caso penal contra Robles con efectos de sentencia absolutoria, considerando que la ex funcionaria debe ser sancionada por vía administrativa y no penal.
El juez ordenó continuar el proceso por vía administrativa. Según la legislación aplicable al caso de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en su momento, el ejercicio indebido del servicio público estaba sancionado únicamente en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que el asunto debía ser resuelto por la Secretaría de la Función Pública.
Ante esta resolución, la FGR abrió una investigación contra el juez Paredes y también presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
Tanto la FGR como la ASF señalaron que el juez que ordenó la absolución no consideró los indicios sobre la participación de Robles en los delitos que causaron un daño a las finanzas públicas por más de 5 mil 73 millones de pesos mediante un esquema que permitió la adjudicación de contratos públicos que nunca se cumplieron.
Fuente: La Jornada
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