La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador emitió un contundente rechazo a las amenazas y cualquier tipo de interferencia en la independencia judicial, exigiendo un respeto absoluto a las decisiones de los jueces del país. La postura de la CNJ fue anunciada el 7 de enero de 2025, tras declaraciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien había insistido en que se sancionara a la jueza que calificó la muerte de cuatro niños detenidos por militares en Guayaquil como una "desaparición forzada", atribuyendo responsabilidades al Estado.
Aunque la CNJ no mencionó de manera explícita a Loffredo, su comunicado se produjo en respuesta a las declaraciones del ministro, quien expresó su firme voluntad de sancionar a la jueza que dictó la mencionada resolución, argumentando que esta decisión había sido utilizada como un "instrumento de persecución política" contra las Fuerzas Armadas.
La Corte reiteró que un Estado de Derecho solo es posible con una justicia independiente y enfatizó que atacar o presionar a los jueces por decisiones legítimas es una amenaza directa a los principios fundamentales del debido proceso. En este sentido, rechazó cualquier intento de interferencia en la Función Judicial, insistiendo en que las resoluciones de los magistrados deben ser respetadas sin excepciones.
Para la CNJ, la justicia debe ser imparcial y estar al servicio de los ciudadanos, libre de presiones políticas. A su vez, se reafirmó el compromiso de la Corte con la defensa de la independencia judicial frente a cualquier forma de intimidación.
Las declaraciones del ministro Loffredo llegaron después de que, el 8 de diciembre de 2024, los cuatro menores—Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda—fueran detenidos por militares en Guayaquil y, posteriormente, fueran encontrados muertos, tras lo cual se dictó la calificación de "desaparición forzada". En un mensaje público, Loffredo ofreció disculpas a las familias de las víctimas, pero continuó cuestionando el fallo judicial, rechazando la acusación de desaparición forzada y negando cualquier participación de las Fuerzas Armadas en el crimen.
El ministro también destacó el contexto de conflicto armado interno en Ecuador, con el gobierno combatiendo a grupos de delincuencia organizada a quienes calificó como "terroristas". En medio de este clima, Loffredo insistió en que las Fuerzas Armadas no tolerarán "oportunismo ni intimidación" y subrayó que el fallo judicial en este caso estaba siendo usado para desestabilizar a la institución castrense.
Fuente: SWI
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