La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con la que su gobierno pretende consolidar una estructura institucional robusta que permita enfrentar de forma más eficaz a la delincuencia organizada y colaborar estrechamente con la Fiscalía General de la República (FGR) en la judicialización de casos complejos.
Durante la presentación de la propuesta en el Congreso, Sheinbaum subrayó que el objetivo central es fortalecer las capacidades del Estado para generar inteligencia útil en materia de seguridad pública y dotar al Centro Nacional de Inteligencia de atribuciones más amplias para coordinar investigaciones. “La fiscalía es la que tiene la facultad de perseguir delitos, pero nuestro compromiso es con la investigación e inteligencia que permitan que los casos lleguen mejor sustentados ante los jueces”, afirmó.
La mandataria destacó que con esta estructura se busca reducir los niveles de impunidad en el país, mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante delitos graves como la desaparición de personas y garantizar una colaboración operativa entre los tres niveles de gobierno.
Asimismo, Sheinbaum defendió la polémica propuesta de reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que incluye la posibilidad de que sus elementos soliciten licencia para competir en cargos de elección popular. Según dijo, dicha disposición replica lo ya previsto en la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional, vigente desde la Constitución de 1917.
Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que la propuesta también contempla una reforma a la ley general del sistema, cuya última actualización data de 2009. La nueva legislación busca modernizar la estructura del sistema, clarificar competencias entre los distintos órdenes de gobierno y establecer mecanismos eficaces de coordinación mediante un esquema concurrente.
Figueroa detalló que la iniciativa dará sustento legal al actual modelo del gabinete de seguridad, con obligatoriedad de replicarse en las entidades federativas mediante las llamadas mesas de paz. También se establecerán objetivos mínimos institucionales para el desarrollo de corporaciones policiales, fiscalías y sistemas penitenciarios.
Entre los cambios clave se encuentra la creación de una política nacional de acreditación y certificación, tanto para integrantes como para las propias instituciones de seguridad. Esta política definirá estándares de confianza, profesionalismo y calidad operativa.
Además, se proyecta la fundación de una Academia Nacional de Seguridad Pública, encargada de la formación profesional en inteligencia e investigación criminal, con el propósito de elevar el perfil técnico de quienes trabajan en la primera línea contra el crimen organizado.
Fuente: Jornada