El Tribunal Superior Electoral (TSE) de República Dominicana anuló las resoluciones 7-2025 y 8-2025 de la Junta Central Electoral (JCE), las cuales establecían los criterios para la categorización de los partidos políticos y la distribución del financiamiento público correspondiente al ejercicio fiscal de 2025.
La sentencia TSE/0010/2025, emitida el 10 de junio, responde parcialmente a las impugnaciones presentadas por los partidos Alianza País (AlPaís), País Posible (PP) y Dominicanos por el Cambio (DxC), quienes cuestionaron la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones aprobadas por la JCE el 14 de febrero.
Como consecuencia del fallo, la JCE deberá emitir una nueva resolución que determine, bajo los criterios establecidos por el tribunal, tanto el orden numérico que ocuparán los partidos en las boletas electorales de 2028 como los montos de financiamiento estatal para el presente año.
El presupuesto general del Estado para 2025 asigna 1,500 millones de pesos al financiamiento de partidos políticos. De ese monto, el 80 % corresponde a las organizaciones que obtuvieron más del 5 % de los votos válidos en las elecciones, actualmente distribuidos entre el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). El 20 % restante se reparte entre los partidos que superaron el 1 % de los votos y aquellos con reconocimiento legal vigente, incluyendo nuevas inscripciones.
Uno de los puntos clave del fallo es la interpretación del artículo 61 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. El TSE estableció que la expresión “última elección” debe entenderse como “último ciclo electoral”, incluyendo todos los comicios ordinarios celebrados en un mismo año: municipales, congresuales y presidenciales.
Asimismo, el tribunal reconoció el derecho al financiamiento de las organizaciones que conservan su personería jurídica aunque no hayan participado en los últimos comicios, así como de las recientemente registradas.
En este proceso, el tribunal también admitió las demandas en intervención forzosa que la JCE presentó contra más de 30 partidos, bajo el argumento de que cualquier decisión tendría efectos jurídicos directos sobre dichas organizaciones. Entre los partidos emplazados figuran el PRM, FP, PLD, PRD, PRSC, Opción Democrática, Partido Cívico Renovador, Partido Humanista Dominicano, entre otros.
Las impugnaciones surgieron tras la emisión de las resoluciones 7-2025 y 8-2025, mediante las cuales la JCE categorizó a los partidos con base en su desempeño en las elecciones y asignó los fondos públicos para el año en curso. AlPaís, PP y DxC alegaron que las resoluciones vulneraban principios constitucionales, limitaban derechos adquiridos y aplicaban criterios restrictivos que afectaban la equidad entre organizaciones políticas.
Con este fallo, la JCE queda obligada a redefinir su esquema de categorización y financiamiento, garantizando el respeto a los principios de igualdad, legalidad y participación democrática.
Fuente: Diario Libre