ASF detecta montos por aclarar por casi 1,900 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024 de Veracruz
Xalapa, Ver. — La administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez reporta un monto por aclarar de 1,896 millones 723.2 mil pesos en la Cuenta Pública 2024, según el Informe General Ejecutivo entregado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados.
De los 30 resultados de la revisión completa, nueve no mostraron irregularidades y 14 fueron solventados. Los siete casos restantes derivaron en una Recomendación, cuatro Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y cuatro Pliegos de Observaciones.
Los recursos pendientes de aclarar corresponden a rubros como salud, educación y seguridad. Entre ellos destacan 1,078 millones de pesos del Gasto Federalizado en Salud, 710 millones de participaciones federales a la entidad, 195 mil pesos de Expansión de Educación Inicial y 53 millones del Fondo de Aportaciones Múltiples, entre otros. También hay montos pendientes de aclarar en la Universidad Veracruzana, la Fiscalía General del Estado y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz.
Durante 2024, el gobierno estatal recibió 54,696 millones de pesos por participaciones federales y aplicó 49,169 millones (89.9%), dejando un saldo por ejercer de 5,526 millones de pesos. El gasto en nóminas de la SEFIPLAN y la SEV fue revisado y se verificó que la mayoría de pagos estuvo autorizado, aunque se detectaron algunos casos menores de irregularidades por montos reducidos.
En materia de deuda pública, la administración de García Jiménez dejó un saldo de 48,879.6 millones de pesos, ubicado entre las diez entidades con mayor endeudamiento subnacional del país. Se destinó el 4.3% de las participaciones para amortización de capital y 93.3% para el pago de intereses, cumpliendo con los calendarios de amortización y registros correspondientes ante la SHCP.
El informe de la ASF resalta la necesidad de aclarar el uso de estos recursos, en especial los vinculados a programas sociales y fondos federales, para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración pública estatal.